La Fundación Isadora Duncan, en colaboración con el Ministerio de Igualdad, publica el documento “Violencia económica institucional hacia las mujeres: desigualdad ante situaciones de separación, divorcio y viudedad. Unión matrimonial vs. unión de hecho”, un trabajo enmarcado dentro del programa Prevención Violencia, que tiene por objetivo analizar la realidad jurídica de colectivos concretos para visibilizar situaciones de violencia económica institucional.
Este análisis parte de la necesidad de comprender cómo decisiones judiciales, modelos familiares y marcos legislativos producen efectos concretos sobre la autonomía económica de las mujeres, especialmente tras una separación, divorcio o la muerte de la pareja. Su finalidad es generar conocimiento útil que permita impulsar reivindicaciones, medidas de protección y soluciones reales frente a desigualdades que siguen condicionando la vida de las mujeres y sus familias.
El trabajo doméstico y de cuidados —aún no reconocido como empleo ni generador de derechos laborales— contribuye a que muchas mujeres carezcan de ingresos propios, patrimonio o redes económicas alternativas. Esto condiciona su capacidad de decisión y las expone a una mayor vulnerabilidad cuando la relación se rompe. Partiendo de esa premisa, se realiza una recogida de datos de sentencias judiciales relacionadas con la percepción de pensiones alimenticias, la asignación de pensiones compensatorias y las diferencias entre matrimonios y parejas de hecho. El objetivo es comparar cómo se resuelven estas cuestiones en distintos modelos de familia y detectar patrones que puedan constituir violencia económica institucional, especialmente allí donde la normativa genera desprotección, requisitos desproporcionados o desigualdad de trato. Este análisis permite formular conclusiones sólidas que impulsan futuras reivindicaciones sociales y legales, orientadas a mejorar la protección económica de las mujeres.
Las conclusiones de este trabajo se abordan desde tres situaciones distintas: la pensión compensatoria, la pensión de viudedad, y establecimiento de la pensión de alimentos, incorporando además la variable relativa al tipo de vínculo de pareja: unión de hecho o matrimonio. Además, es importante señalar la necesidad de incorporar sistemáticamente la perspectiva de género para evitar situaciones de violencia económica institucional.
- Respecto a la pensión compensatoria, se muestra una brecha evidente entre matrimonios y parejas de hecho: mientras el matrimonio cuenta con una regulación estatal que establece la compensación económica tras la ruptura, las parejas de hecho carecen de una regulación homogénea, lo que obliga a acudir a vías más complejas como la acción de enriquecimiento injusto. Esta diferencia impacta directamente en las mujeres, que son quienes en la mayoría de los casos asumieron el trabajo no remunerado del hogar, pudiendo identificarse esta desigualdad como violencia económica institucional.
- En el acceso a la pensión de viudedad, se detectan avances legislativos significativos. Sin embargo, aún persisten obstáculos formales, como la inscripción registral obligatoria y requisitos de convivencia más exigentes que en el matrimonio. Por lo tanto, se observa que la desigualdad histórica ha generado una desventaja y no se ha alcanzado la igualdad plena entre modelos de convivencia. Introduciendo la perspectiva de género se concluye que esto deja a muchas mujeres sin acceso a la pensión de viudedad.
- En cuanto el establecimiento de las pensiones alimenticias, pese a que no se aprecian diferencias en su regulación, la práctica evidencia las desigualdades de género. Las mujeres, quienes asumen mayoritariamente los cuidados de los/as menores suelen depender del pago regular para garantizar el bienestar de sus hijos/as. El impago de pensiones, reconocido legalmente como forma de violencia económica, actúa como mecanismo de control y castigo tras la ruptura.
Se concluye que las diferencias legales entre matrimonio y pareja de hecho generan desigualdades económicas incompatibles con el principio constitucional de igualdad y que afectan especialmente a las mujeres, consolidando situaciones que pueden considerarse violencia económica institucional.
A través de este enlace se accede al documento completo. Invitamos a profesionales, entidades y ciudadanía a conocer esta investigación en profundidad. Sus conclusiones permiten comprender cómo la estructura legal actual afecta directamente al bienestar económico de las mujeres y, a partir de ello, se podrán ofrecer respuestas para prevenir situaciones de violencia económica institucional y corregir estas desigualdades.
