El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos con el objetivo de reforzar la protección económica de la infancia y de las familias que sufren el impago de las pensiones alimenticias reconocidas judicialmente. La reforma, que se recoge en el Real Decreto-ley 31/2026, de 20 de octubre, para la mejora de la acción protectora de la Seguridad Social y de otras normas sociales, incluye tres aspectos principales:
- Aumento el anticipo máximo mensual, que pasa de 100€ a 300€
- Ampliación del periodo durante el que puede percibirse, pasando del máximo de 18 meses a cubrir el tiempo en que debe ejecutarse la pensión alimenticia
- Modificación de algunos de los requisitos de acceso, tomando como referencia el salario mínimo interprofesional, ampliando el acceso y la cobertura de derechos de menores extranjeros/as, y revisa el concepto de unidad familiar para reconocer distintas realidades familiares que anteriormente podían quedar excluidas
El impago de las pensiones alimenticias no es una cuestión que deba abordarse únicamente como un problema entre exparejas o como una deuda pendiente. Cuando se produce de manera deliberada en un contexto de desigualdad, control o violencia, sus consecuencias pueden ir mucho más allá de lo económico, comprometiendo el bienestar de las hijas e hijos, sobrecargando a quien asume sus cuidados y limitando seriamente su autonomía personal y económica. Por ello, resulta fundamental analizar esta medida sin perder de vista que el problema de fondo es la garantía de los derechos económicos de la infancia y de las personas que sostienen sus cuidados sin que dependan exclusivamente de los recursos de quien tiene la guarda y custodia. Como se señala en el artículo El impago de pensiones alimenticias como forma de violencia económica vicaria, el incumplimiento de una obligación alimenticia puede convertirse en una forma de violencia económica cuando se utiliza deliberadamente para mantener el control sobre la expareja o dificultar su autonomía. Cuando una pensión judicialmente reconocida deja de abonarse, los gastos de alimentación, vivienda, educación, salud y cuidados no desaparecen, sino que deben seguir afrontándose y, en muchas ocasiones, esa responsabilidad recae sobre la madre que convive con las hijas e hijos. Esta situación puede reducir su capacidad de ahorro, dificultar su incorporación o permanencia en el empleo y aumentar su dependencia económica. Además, cuando el impago se utiliza como instrumento de presión sobre la expareja y afecta también a las hijas e hijos, puede adquirir una dimensión vicaria, al instrumentalizarse las necesidades y el bienestar de los menores para prolongar el daño. Esto no significa que cualquier impago constituya automáticamente violencia de género o violencia vicaria, sino que es necesario atender a las circunstancias concretas, a la intencionalidad y al contexto en el que se produce. Sin embargo, sí implica reconocer que reducir el problema a una simple deuda puede invisibilizar sus consecuencias personales, familiares y sociales.
El Fondo de Garantía del Pago de Alimentos es un mecanismo público que permite anticipar determinadas cantidades cuando existe un derecho de alimentos reconocido judicialmente y se produce un impago, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. La reforma aumenta la cantidad recibida por persona beneficiaria, amplía el periodo de percepción y modifica el umbral económico de acceso. Estas modificaciones pueden mejorar la cobertura de las familias que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y contribuir a afrontar parte de los gastos básicos de las hijas e hijos afectados. Sin embargo, el anticipo público no equivale al pago íntegro de la pensión debida ni elimina la responsabilidad de quien incumple su obligación alimenticia. Por ello, además de mejorar las ayudas, resulta fundamental que existan mecanismos jurídicos eficaces para reclamar las cantidades impagadas, acceder a asesoramiento jurídico y evitar que la persona que sostiene los cuidados tenga que soportar durante años las consecuencias económicas del incumplimiento.
Esta reforma también permite recuperar una cuestión abordada en el II Encuentro Estatal sobre Violencia Económica Institucional hacia las Mujeres, celebrado en León el 4 de marzo de 2026, en el que se trató, entre otros asuntos, el establecimiento y el impago de las pensiones alimenticias. Cuando los procedimientos son difíciles de afrontar, las ayudas resultan insuficientes o el acceso a la justicia se ve limitado por la falta de recursos, las consecuencias económicas pueden prolongarse. Esto no convierte automáticamente cualquier dificultad administrativa en violencia institucional, pero sí obliga a examinar si las respuestas públicas protegen de manera efectiva a quienes se encuentran en una situación de desigualdad, si los mecanismos de reclamación son accesibles y si las medidas de protección responden a las necesidades reales de las familias.
Desde esta perspectiva, ampliar el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos constituye una oportunidad para avanzar en la protección económica de la infancia y de las madres afectadas, aunque su alcance deberá valorarse atendiendo a la suficiencia de las cantidades anticipadas, a las condiciones de acceso y a la capacidad de la medida para llegar a quienes la necesitan. La protección de niñas, niños y adolescentes requiere que sus necesidades básicas no queden comprometidas por el incumplimiento de las obligaciones alimenticias, sino que también exige reconocer el trabajo de cuidados y evitar que recaiga de forma desproporcionada sobre un/a progenitor/a. La cuestión final no es únicamente cuánto dinero anticipa el Estado, sino que se debe trabajar para garantizar que el impago no se convierta en una fuente prolongada de precariedad, desigualdad y pérdida de autonomía. Prevenir la violencia económica hacia las mujeres implica asegurar que las obligaciones alimenticias de sus hijas a hijos se cumplan y que las personas que sostienen los cuidados no tengan que asumir, además, las consecuencias económicas de su incumplimiento.
Texto de Tania Yugueros Gutiérrez, educadora social – Fundación Isadora Duncan ©
