Existen muchas maneras de ejercer violencia contra las mujeres, todas de carácter injustificable. Una de ellas es la violencia obstétrica, entendida como experiencias violentas que sufre una madre en el ámbito sanitario, desde que se queda embarazada hasta después de traer al mundo su bebé. La violencia obstétrica consiste en el conjunto de prácticas constitutivas de violencia física, verbal y/o psicológica ejecutadas por el personal sanitario en la atención al embarazo, el parto y el posparto; las cuales dañan la salud física y emocional de la madre y de su bebé. Estas prácticas van desde la inducción al parto sin necesidad, la falta de información a la madre de las acciones que se van a realizar, las faltas de respeto, insultos y generación de situaciones incómodas para la madre, la imposibilidad de expresión de su propia opinión, tactos vaginales sin su permiso realizados por más de un/a profesional, suministro de fármacos y anestesia sin informar de ello, la presencia de estudiantes u otros/as profesionales en el parto sin su consentimiento, hasta no proporcionar una intervención médica necesaria, realizar episiotomía por rutina, cesárea innecesaria y/o maniobra de Kristeller (prohibida por la Organización Mundial de la Salud) o, incluso, separación de su bebé sin motivo específico y/o información.
Las cifras y el testimonio de las mujeres corroboran que la violencia obstétrica es una realidad demasiado cotidiana en el ámbito sanitario: más de un 40% de mujeres manifiestan haber sufrido violencia obstétrica, principalmente en el momento del parto. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), dependiente de la ONU, ha condenado en tres ocasiones a nuestro país por prácticas que infringen violencia obstétrica durante el parto, según consta en un dictamen publicado el 7 de marzo de este mismo año. En España, el 21,9% de las mujeres dan a luz mediante cesárea, un porcentaje que se eleva en la sanidad privada: 37% (datos extraídos del Ministerio de Salud). Según la Organización Mundial de la Salud, la cifra justificada de cesáreas debe oscilar entre el 10% o 15%, lo que indica claramente que hay ciertos/as profesionales que programan los partos según convenga más al servicio. Este argumento lo refuerza otro dato significativo que arroja un informe de la Asociación “El Parto es Nuestro”: son muchas menos las mujeres que dan a luz en días de fin de semana que en días entre semana, lo que define la lógica productivista que menosprecia las consecuencias de adelantar o atrasar un parto en la salud de las madres y bebés. En cuanto a los datos de episiotomías facilitados por el mismo Ministerio, aparece algo muy representativo: en 2019 el 26% de las mujeres sufren esa práctica durante el parto, pero entre los años 1995 y 1996 esa cifra llegaba al 89%, según un artículo publicado por la revista Progresos en Obstetricia y Ginecología. Dado que el periné de las mujeres (parte inferior del suelo de la cavidad pélvica que se secciona en esta práctica) no ha cambiado, queda patente que no es la técnica del parto en sí ni el cuerpo de las mujeres los que determinan cómo se produce un parto, sino cómo se atiende.
Además, es importante señalar en este punto que la asistencia al parto está claramente atravesada por desigualdades de edad, origen, etnia y situación social, lo que aumenta el riesgo de sufrir violencia obstétrica a las madres en distintas situaciones de vulnerabilidad social, como madres adolescentes, solteras, inmigrantes o de origen inmigrante, entre otras. La OMS, en su informe sobre Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud, asegura que estas mujeres tienen más posibilidades de sufrir un trato irrespetuoso, ofensivo y violento tanto a la hora de dar a luz como durante todo su embarazo y posparto.
La violencia obstétrica es una forma de violencia de género contra las mujeres, con la particularidad de que es una de las únicas violencias ejercida también por mujeres. A pesar de que, a partir del siglo XX, la mayor parte de las profesionales obstétricas son mujeres, no se produce un cambio en el enfoque de la atención al parto, y las cifras así lo afirman. Esta manifestación de violencia de género forma parte de un sistema patriarcal que vulnera los derechos de las mujeres y de sus bebés, y pone por delante el medio laboral-productivo a su vida y su salud. Se trata de una violencia profundamente normalizada y relativamente aceptada por la sociedad, porque la información que reciben las mujeres sobre el parto es siempre la misma, explicada desde una perspectiva patriarcal y productivista. El cine, los medios de comunicación, series, novelas y los organismos culturales en general contribuyen a perpetuar estas prácticas, exponiendo situaciones en las que se ejerce violencia obstétrica como algo normalizado. El miedo, el abandono, la impotencia y el dolor físico y emocional que las futuras madres están expuestas a sufrir es definido como algo “normal” que acompaña al momento de dar a luz y no como un acto de violencia en sí mismo. Cuando una mujer expresa una situación de violencia vivida durante su embarazo, parto y/o posparto, se tiende a responsabilizarla de ello. Se recogen frases como ejemplos que ponen de manifiesto que la madre “no colabora” para que el proceso se desarrolle sin violencia, lo que trata de justificar ciertas prácticas que provocan lesiones físicas y/o psicológicas tanto a la madre como al bebé. Con esta estrategia se busca atribuir a la mujer la responsabilidad de lo ocurrido, juzgándola y tildando su actitud de irresponsable una vez decide expresarlo, lo que ahonda aún más en las secuelas emocionales que conlleva ya de por sí sufrir un episodio de violencia obstétrica.
Experimentar situaciones de violencia obstétrica durante el embarazo, el parto y/o el posparto dan lugar a consecuencias devastadoras para la salud física y emocional tanto de la madre como de su bebé; agudizando, además, el riesgo de sufrir depresión posparto y/o estrés postraumático. El trauma afecta al vínculo entre la madre y su bebé, dificultando el comienzo de la lactancia materna, entre otros. Además, estas consecuencias también son muy destructoras para la vida personal de la madre como mujer, propiciando problemas en las relaciones sexuales tanto físicos como emocionales, desarrollando inseguridades, aprensiones, etc., y promueven una desconfianza importante hacia el sistema sanitario y sus profesionales. Además, son experiencias que pueden poner en duda embarazos y partos futuros, por miedo a ser víctima de violencia obstétrica otra vez.
Poner nombre a los abusos y situaciones violentas que se detectan en los paritorios y centros de salud respecto a este tema, y visibilizar episodios concretos de violencia obstétrica sufridos por madres y bebés no significa criminalizar al personal sanitario, sino constatar una realidad que es importante corregir y erradicar, para contribuir a la efectiva desaparición de las distintas formas de violencia contra las mujeres. De igual manera, se cuentan con testimonios de profesionales que sufren las consecuencias de esta forma de violencia, llegando a abandonar puestos de trabajo por no sentirse capaces de desarrollar sus funciones sanitarias en estos contextos de maltrato.
Por ello, distintas entidades y organismos denuncian desde hace años que la violencia obstétrica es una realidad que es necesario atajar. Es imprescindible hablar de violencia obstétrica para tratar de buscar una solución común, con el fin de disfrutar de una atención sanitaria al parto con perspectiva feminista, donde la madre sea tratada como una persona con capacidad de decidir, propiciando momentos y situaciones en las que pueda expresar su opinión y siendo aconsejada desde el punto de vista médico y profesional que se necesita. Encontrar el equilibrio entre ambas perspectivas para que el resultado sea un embarazo, parto y posparto feliz, tranquilo, libre de traumas y saludable tanto para la madre como para su bebé, es primordial.
Se hace necesario un compromiso político, social y legislativo que pase por el reconocimiento de esta violencia contra las mujeres y que implemente medidas reales para combatirla y erradicarla, formando al personal sanitario para no cometer este tipo de prácticas y denunciar los contextos de violencia que aún existan. Es importante en este punto incluir, además, la necesaria rehabilitación de las víctimas, tanto de madres como de sus hijos/as, para sanar el pasado y comprometerse con el presente y futuro de tantas madres y bebés.
Visibilizar la violencia obstétrica, denunciarla y poner medidas para erradicarla es imprescindible para acabar con esta violencia física y psicológica que sufren de forma cotidiana y normalizada tantas madres y sus bebés.
