La violencia económica es una de las formas de violencia contra las mujeres más invisibilizada y con consecuencias devastadoras tanto durante una relación como después de la separación. Se manifiesta como un control y una restricción deliberada de los recursos económicos de las mujeres, afectando su autonomía personal, económica y social y perpetuando su dependencia. Esta forma de violencia suele ser invisible para el entorno social y las autoridades, pero su impacto es tangible: pérdida de oportunidades laborales, inseguridad y dependencia económica, entre otras que acentúan la dificultad de tomar la decisión de romper la relación de violencia, abandonar al agresor y comenzar un proceso de recuperación.
Las situaciones de violencia económica se pueden clasificar en tres tipos principales durante una relación de pareja: control económico, sabotaje laboral y explotación económica, a las que se le suma un cuarto tipo: la violencia económica institucional que alude a las dificultades de solicitud y recepción de recursos y ayudas económicas.
Este tipo de violencia puede encontrarse de manera aislada en una relación de abuso pero, además actúa también como un mecanismo que refuerza otras formas de violencia de género, atrapando a las mujeres en relaciones abusivas y reforzando otras formas de ejercer violencia contra la vida de las mujeres y de las personas a su cargo.
La relación entre la violencia económica y otras formas de violencia de género
La violencia económica no suele darse de manera aislada, sino que forma parte de un ciclo de abuso que incluye violencia psicológica, física, sexual, y social. Las mujeres que sufren violencia económica enfrentan barreras adicionales para denunciar otras formas de violencia de género debido a su situación de dependencia y miedo a la vulnerabilidad económica. Un ejemplo recurrente es el de mujeres que, al considerar dejar a su pareja abusiva, enfrentan la incertidumbre de no contar con un ingreso estable o un lugar donde vivir. Este temor no es infundado: muchas veces, el agresor utiliza la violencia económica para chantajearlas, amenazándolas con desahucios, la pérdida de custodia de sus menores o incluso el corte total de recursos financieros.
Además, distintas indagaciones y contrastes de información, constatan que la violencia económica es un fenómeno complejo que puede actuar aisladamente o en conexión con otros actos violentos, lo que provoca un fuerte impacto en la salud mental y el bienestar psicológico de las mujeres y también condiciona el de sus menores a cargo. Entre las consecuencias más graves, a mayores de la dependencia económica y la merma de su capacidad para generar ingresos propios para ser autosuficiente, se encuentra el condicionamiento de la decisión de denunciar esa u otra situaciones de abuso y violencia que se están perpetuando en el desarrollo de su vida.
Por ello, es evidente que la violencia económica no solo mantiene la dependencia, sino que también refuerza otras formas de abuso. Por ejemplo, la violencia psicológica (el control financiero se utiliza para minar la autoestima de la víctima, haciéndole creer que no puede vivir sin su agresor) y la violencia física o sexual (se utiliza estas agresiones –o la amenaza de ejecutarlas- como chantaje, entrelazándose con el ciclo general de dominación y poder).
Las barreras para denunciar situaciones de violencia económica
Como se ha descrito anteriormente, la violencia económica genera una cadena de consecuencias que perpetúan el silencio de las víctimas.
- Dependencia económica absoluta: Muchas mujeres no cuentan con ahorros, ingresos propios ni redes de apoyo, lo que las lleva a temer las implicaciones financieras de abandonar al agresor.
- Miedo a la precariedad y al sinhogarismo: Abandonar una relación violenta puede implicar quedarse sin hogar, especialmente si la vivienda está a nombre del agresor o si este controla los recursos para el pago de alquiler o hipoteca.
- Ausencia de protección adecuada: Las víctimas temen que las instituciones no les ofrezcan el apoyo necesario para garantizar su seguridad económica y personal tras la denuncia. Esto es un pensamiento fundamentado ya que, actualmente en la legislación de nuestro país solo encontramos jurisprudencia de violencia económica referente al impago de pensiones alimenticias, el resto de situaciones son complicadas de demostrar a nivel jurídico, e incluso en ciertas ocasiones ignoradas, lo que conlleva un desgaste emocional importante que hace que las víctimas se replanteen la decisión de enfrentarse a un proceso judicial.
- Normalización y estigmatización: Muchas mujeres no identifican la violencia económica como un abuso debido a la normalización de las conductas que, efectivamente, son violencia. Por otro lado, el estigma asociado a la dependencia financiera y los comentarios de su círculo de socialización más cercano pueden disuadirlas de tomar la decisión de buscar ayuda para romper esa relación de dependencia.
Toda esta información evidencia que la prevención de la violencia económica pasa, en primer lugar, por su reconocimiento como una manifestación de violencia contra las mujeres que daña su autonomía y, además, perpetúa otras formas de control, abuso, dominación y violencia que se den de forma simultánea en una relación de pareja. Al ser una forma invisible tanto para la sociedad como para profesionales, su impacto se subestima, pero las consecuencias son reales y, en ocasiones, no solo van más allá de la ruptura de la relación, sino que comienzan cuando esto se produce (como en el caso del impago de la pensión de alimentos estipulada o del crédito hipotecario). Reconocer y abordar esta forma de abuso es fundamental para garantizar que las mujeres puedan reconocer los primeros síntomas de violencia económica y se comiencen a dar pasos a la recuperación en lugar de continuar dentro del ciclo.
Por otro lado, la necesidad de políticas públicas que fomenten la autonomía económica y financiera, ofreciendo asistencia económica a las víctimas, y promocionando el reconocimiento jurídico de estas situaciones, apoyarán tanto los procesos de recuperación de las víctimas como la necesaria prevención y educación en igualdad que se reclama siempre que se habla de cualquier manifestación de violencia contra las mujeres.
Por último, es importante señalar la necesidad de formación del sistema judicial y social, así como de cualquier profesional que se involucre en la atención a mujeres víctimas o potenciales víctimas de violencia de género para que reconozcan la violencia económica como una manifestación más de violencia contra las mujeres, pongan atención a los primeros síntomas y se ofrezcan respuestas adecuadas tanto preventivas como de intervención y recuperación en los casos más avanzados.
